La “Patrulla Espiritual” y su líder Jesús Ignacio Osuna alias “El Chiquilín” conocidos en redes sociales por rescatar a personas con problemas de adicciones y convertirlos en “Tazos Dorados” tras darlos de alta de centros de rehabilitación se encuentran en medio de una polémica y una crisis legal y social tras la muerte de un joven de 28 años al interior de una de las clínicas vinculadas a este proyecto en Tijuana.
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¿Qué pasó con el joven que falleció?
Según lo declarado hasta el momento Richard Damián de 28 años fue ingresado por sus padres a la clínica Jireh en el Ejido Matamoros, Tijuana por problemas de alcoholismo, una de las clínicas vinculadas al proyecto de la Patrulla Espiritual. Del 18 al 21 de agosto en sus primeros tres días de internamiento el joven sufrió agresiones físicas dentro del centro, conforme a los reportes preliminares y el viernes 21 de agosto se realizó una llamada a los cuerpos de emergencia por parte del encargado de la clínica quien reportó encontrar sin vida a Richard.
Fue hasta el 26 de agosto que los resultados de la necropsia revelaron que Richard murió por asfixia mecánica por sofocación y se documentaron más de 40 lesiones en tórax, piernas, frente y barbilla, por lo que la Fiscalía determino formalmente el caso como un homicidio.
Tras confirmarse que se abriría una carpeta de investigación por homicidio el supervisor del centro y dos ayudantes inicialmente escaparon del lugar, por lo que la Fiscalía General del Estado de Baja California cumplimentó órdenes de aprehensión y detuvo a Mario Antonio “N” y Anthony “N” bajo el cargo de homicidio calificado con ventaja.
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¿Qué pasará con la Patrulla Espiritual?
Hasta el momento se confirmó que la Clínica Jireh fue clausurada definitivamente; los internos fueron trasladados a otra clínica vinculada para seguir en tratamiento, mientras que otros fueron recogidos por sus familias tras la polémica.
Respecto a “El Chiquilín” líder de la Patrulla Espiritual se confirmó que no cuenta con cargos directos por el delito pues no se encontraba en el lugar de los hechos, aunque las autoridades ministeriales mantienen una investigación para determinar la responsabilidad administrativa y legal de los directores del establecimiento, evaluando si existía conocimiento, omisión voluntaria o complicidad en los castigos físicos sistemáticos dentro de su clínica.
