Lo que durante años se consideró un equilibrio criminal en Sinaloa terminó por romperse. Tras el secuestro y posterior entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos, el estado entró en una espiral de violencia que, a más de dos años, no muestra señales de disminuir.
Desde entonces, la entidad acumula miles de homicidios y más de 2 mil 300 personas desaparecidas, en un contexto de enfrentamientos constantes entre facciones del crimen organizado. La narcoguerra ha transformado regiones enteras en zonas de alto riesgo, con impactos directos en la vida cotidiana de la población.
A este escenario se suman las declaraciones del propio Zambada, quien aseguró haber sido llevado bajo engaños a una reunión donde presuntamente participaría el gobernador Rubén Rocha Moya. En ese mismo encuentro fue asesinado Héctor Melesio Cuén, un hecho que elevó la gravedad política del caso.
Pese a los señalamientos, la situación en el estado no ha cambiado de fondo. La violencia continúa, la impunidad persiste y las estructuras criminales mantienen su operación.
Mientras tanto, en actos públicos, el respaldo político se hace visible. “No está solo”, coreaban simpatizantes al gobernador, en contraste con una realidad marcada por la inseguridad y la falta de resultados frente a una crisis que sigue abierta.
