Pero regresemos al tema de los sobornos que, según las acusaciones, pagaban los Chapitos a la red vinculada al gobernador Rubén Rocha Moya.
Bajo esa lógica, se explica —según la denuncia— por qué corporaciones como la Fiscalía Estatal, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán no actuaban contra narcolaboratorios ni contra cargamentos de fentanilo, cristal y metanfetaminas.
Para el gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya y sus presuntos cómplices son corresponsables de las más de 80 mil muertes anuales relacionadas con el consumo de fentanilo y otras drogas en ese país.
